La Procuradora Fiscal Marisol Sandoval y la abogada adjunta del Ministerio de la Defensa Pública, Rosa Sánchez, presentaron al Juez de Paz, Eduardo Ceballos, un acuerdo de conciliación, en el marco de una causa contra dos personas que fueron denunciadas por la comercialización de carne de animales faenados en forma clandestina. En este marco, se decidió que los contraventores deben pagar una multa de ochocientos mil pesos. También se les impuso el cumplimiento de diez días de trabajo comunitario en el Hogar de Ancianos “Marí-Marí Peñí”.
Por otra parte, la representante del Ministerio Público Fiscal, propuso que los elementos decomisados fueran destinados a una institución educativa.
En consecuencia, el Colegio Agropecuario 725, recibirá dos balanzas electrónicas, una sierra metálica, tres cuchillos, una chaira, una piedra de afilar una maza, y un rollo de bolsas plásticas transparentes.
En tanto, se procedió a la destrucción de la carne secuestrada y los cuadernos que los contraventores utilizaban para el registro de los movimientos comerciales.
Finalmente, los representantes institucionales destacaron la necesidad de alertar a la ciudadanía, respecto del riesgo de salud que implica comprar y consumir carne, cuya comercialización no fue aprobada por el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) o del área de Bromatología Municipal.
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