La Procuradora Fiscal Marisol Sandoval, logró que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut, hiciera lugar a un recurso de queja, luego de que la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia, aprobara el pedido del defensor público Marcelo Catalano, respecto de la aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba, en el marco de una causa penal contra Juan Manuel Rojas Molina (37). El imputado está acusado por la fiscalía, como presunto autor de los delitos de abuso sexual simple, cometido mediante violencia, en el contexto de la ley de protección integral de la mujer y violación de domicilio.
En este marco, los Ministros de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi Saavedra y Alejandro Panizzi, indicaron que para la procedencia o improcedencia de la suspensión del juicio a prueba corresponde ponderar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de violencia de género, la voluntad de la víctima y la naturaleza dirimente de la opinión del fiscal de la causa.
Así las cosas, ordenaron a la oficina judicial de Sarmiento, que el proceso contra el imputado continúe según su estado.Asimismo, es necesario recordar que, en noviembre de 2023, se realizó la audiencia preliminar de juicio de esta causa. Ese acto judicial, fue presidido por el juez Ariel Quiroga. En esa ocasión, el Defensor Público Marcelo Catalano, presentó su propuesta de aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba. En este sentido, indicó que el tiempo de la suspensión sería por el lapso de dos años.
Después, enumeró las reglas de conducta que Juan Rojas debería cumplir durante ese período. En este contexto, el imputado debería fijar domicilio en Comodoro Rivadavia y realizar seis presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de esa ciudad.
También requirió mantener la orden de prohibición de acercamiento personal y por cualquier medio con la víctima.
Por otra parte, el abogado defensor de Juan Rojas, planteó que su asistido debería iniciar un tratamiento psicológico y talleres de capacitación y concientización, en temas de violencia de género y abuso sexual. Tampoco puede cometer nuevos delitos durante el plazo de la suspensión.
En esta línea de argumentos, propuso que el procesado afronte una reparación económica de doscientos mil pesos, a concretar en un solo pago.
Por último, el sospechoso, también afrontaría el costo de tratamiento psicoterapéutico con relación a la víctima
En este contexto, la víctima manifestó su desacuerdo con la propuesta realizada por la Defensa Pública. Sus fundamentos se basaron en el daño causado a su vida particular y familiar. A ello, agregó la necesidad de que el acusado sea juzgado, reciba una condena y registre un antecedente por el delito cometido.
En consecuencia, la Procuradora Sandoval, también se expresó en contra de la suspensión de juicio a prueba e invocó razones de política criminal del Ministerio Público Fiscal. Finalmente, el magistrado de la audiencia, coincidió con los planteos de la fiscalía.
Luego, la causa fue tramitada en la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia. En ese organismo judicial, consideraron que correspondía hacer lugar al pedido de impugnación presentado por la Defensa Pública. Por ello, decidieron conceder la suspensión de juicio a prueba en favor de Juan Rojas, y ordenar que otro juez de Sarmiento resuelva las reglas de conducta a imponer.
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