El presente miércoles se concretó una nueva jornada de debate en el juicio por la causa Emergencia Climática I en Comodoro en los tribunales penales del barrio Roca. Entre los testimonios receptados en la fecha estuvo el de un camionero por videoconferencia y asimismo el de uno de los imputados, Javier Morales.
El primer testimonio fue el de un camionero de la localidad de Puerto Madryn a quien le cortaron la jubilación ya que estaba inscripto como radiólogo en Comodoro. Recordando que viaja a Comodoro para solucionar ese tema y realiza una denuncia ante la DGI y ante el Ministerio Público Fiscal de Madryn, el pasado 19 de marzo de 2018. Él siempre fue camionero y nunca ejerció como radiólogo en la empresa “Brothers Turck”. Dijo conocer a los hermanos Pérez por su padre, los conocía por los mellizos Pérez.
Seguidamente accedió voluntariamente a declarar, en contra del consejo de su defensor, el imputado Javier Morales. Negando su participación en el hecho, mencionando a Linares y Palomeque en su extenso relato y asegurando que la Municipalidad le pagó por sus servicios una quincena y después no pagaron nunca más. Agregando que si hay algún error en el Parte es porque trabajaron 45 días sin parte y después hicieron los papeles para encuadrar el trabajo.
El tribunal de debate fue presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Olazabal, fiscal general; acompañado por Cristian Ovalle y Fabiola López, funcionarios de fiscalía. La defensa de Boyero, fue ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defendió a los hermanos Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la de Monasterolo y Astiz fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular de los mismos.
“Emergencia Climática I” en Comodoro
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.
Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.
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