Comenzando la sexta semana de debate se concretaron este miércoles una parte de los alegatos finales en el juicio por la causa Emergencia Climática I en Comodoro, en los tribunales penales del barrio Roca de nuestra ciudad. Mañana continúan los alegatos de las demás defensas.
El fiscal consideró acreditado en el debate tanto la materialidad, como la autoría de los hechos en cabeza de los imputados. Solicitando al tribunal los declare penalmente responsables de “fraude a la Administración Pública” como autores a Gonzalo y Cristian Pérez, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Julián Astiz y Cristian Hernán Lobos Rozas. “Para poder cometer esta conducta fraudulenta en perjuicio del municipio local contaron con la participación necesaria, con el aporte esencial e indispensables de quienes cumplieron la tarea de supervisores, en el marco de la Emergencia Climática, ya que certificaron trabajos que no se realizaron, horas de más, maquinarias que nunca existieron, al certificar esto permitieron que los empresarios obtengan la declaración de acreencia de legítimo usuario por parte del Ejecutivo municipal, el cual no era ajeno a estas conductas”. El fiscal Olazabal sostuvo en su alegato final que “como conclusión de este juicio oral y público arriba a que faltan personas sentadas en calidad de acusados. Porque este fraude a la administración municipal no solo lo cometieron ellos, faltan personas de las más altas esferas que estén sentadas en esta audiencia”. Luego que el Consejo Deliberante aprobara la Ordenanza Emergencia climática facultando al intendente a hacer contrataciones directas para hacer trabajos de remediación. El Ejecutivo Municipal delega en sus secretarios de entonces Boyero y Palomeque. A los 10 días comienzan los trabajos y se dicta un Memorándum para controlar los trabajos. El 5 de octubre el Consejo por Ordenanza incorpora los requisitos del Memorándum para facturar trabajos. Llamativamente el Ejecutivo de entonces la vetó. Los trabajos en un principio eran solidarios y posteriormente surgió que se iban a abonar. “Había un fin colectivo con beneficio propio” continuó el fiscal. Seguidamente el Estado Nacional que había realizado adelantos del Tesoro por 62 millones, advirtió inconsistencias. Álvarez de Celis, en ese momento funcionario Nacional, advierte que no adelanten más fondos para Comodoro porque los números no cerraban. A su vez el Tribunal de Cuentas Municipal advirtió y observó irregularidades que presentaban los expedientes. Había personas que certificaban trabajos por 24 hs. y eso es imposible. Alguien falsificó firma de los trabajadores en los partes diarios, por ejemplo, una persona jubilada que dejó de percibir su salario porque figuraba que trabajaba en Brother Truck.
La defensa de Astiz y Monasterolo
El defensor de Astiz y Monasterolo sostuvo en su alegato que la fiscalía no ha podido probar la responsabilidad penal de sus asistidos. “Astiz no tuvo ninguna vinculación con el hecho respaldado en sólida prueba, ya que el socio gerente de Astoil no es Julián Astiz. Agregando que era necesaria una pericia caligráfica y otra contable. Igual para Golfo San Jorge de Monasterolo. Concluyendo que hubo irregularidades, sí, pero no se traducen en delito por carencia de medios probatorios idóneos”. Solicitando la absolución de sus dos defendidos.
El tribunal de debate está presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal es representado por Cristian Olazabal, fiscal general; acompañado por Fabiola López y Cristian Ovalle, funcionarios de fiscalía. La defensa de Boyero, es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a los hermanos Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo y Astiz fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular de los mismos.
“Emergencia Climática I” en Comodoro
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.
Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.
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