La noche del martes, un grupo de adjudicatarios de la obra de 37 viviendas, del barrio Progreso, de la localidad de Sarmiento, decidieron tomar las casa cuando notaron que la empresa adjudicataria retiraba materiales del obrador, lo que indicaba que no continuarían con la obra, quedando las viviendas sin finalizar.
A partir de la toma, efectivos policiales de la comisaría local y autoridades del Municipio se acercaron para que las familias se retiraran del lugar, de manera que la mayoría decidió retirarse, quedando solo un grupo pequeño.
Respecto a la intervención de la Justicia en el caso, el abogado de fiscalía Sebastián Martínez Bianchi, se refirió al rol del Ministerio Público Fiscal en la toma de viviendas del plan del IPV, y refirió que fue informado de la situación por personal policial que se encontraba realizando tareas de prevención en ese sector y que indicó al personal policial que la situación no constituía un delito a raíz de que las viviendas no se encontraban habitadas ni terminadas, por lo que no correspondía la intervención del fuero penal.
En tanto, refirió que quien se sintiera perjudicado por la situación, puede acudir a otros fueros en función que existen etapas anteriores y organismos con herramientas dentro del poder judicial o el poder político para que puedan resolver el conflicto.
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