![Un jurado popular lo condenó por abuso sexual y corrupción de menores](/galeria/sitio/lazy.png)
Durante una audiencia de control de detención llevada adelante durante esta mañana en sala de cámara penal situada en sexto piso de los tribunales en Trelew, el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general jefa Silvia Pereira aceptó la posibilidad de mutar la prisión preventiva por el arresto domiciliario, debido a la situación del debido cuidado que debe contar la hija de once meses de la imputada.
La defensa a través del abogado Facundo Bonavita presentó un certificado médico para argumentar el padecimiento de una bronquiolitis, cuestión que no pudo ser debidamente constatada y que fue rechazada por la fiscalía y la propia Jueza, dado lo apócrifo de su confección. Sin embargo, la doctora Pereira manifestó que acordaba la posibilidad de mutar la situación, teniendo en cuenta que hace a la organicidad respecto al cuidado de la niña, situación que también fue explicada durante la audiencia por el padre, quien relató acerca de la imposibilidad de sustituir esas tareas. Se contó también con la presencia de la asesoría de menores.
Así las cosas, la Jueza Ivana González coincidió con el Ministerio Público Fiscal en tal sentido y dispuso la prisión domiciliaria con tobillera provista de GPS para la docente imputada por abuso sexual simple en hechos que podrían haber ocurrido en una escuela de esta ciudad. Por otra parte, también se impuso la prohibición de todo tipo de comunicación y contacto con posibles víctimas o persona alguna, estableciéndose que se realicen rondines en el domicilio donde se cumplirá la medida. Cabe recordar que la imputada cumple con lo dispuesto durante la audiencia de control de detención, de dos meses de prisión ahora domiciliaria, lo que fue confirmado por una revisión que realizaron la Jueza Carolina Marín y el Juez Fabio Monti. La doctora Pereira, informó que previo a la audiencia habían sido informados los padres de los niños y niñas afectadas, quienes son atendidos permanentemente por el servicio de asistencia a la víctima del delito (Savd), que a su vez prestaron el consentimiento para esta decisión.