![Caso Grassi: se realiza la audiencia clave que podría adelantar su excarcelación](/galeria/sitio/lazy.png)
Luego de que el ministro de Economía Luis Caputo, declarará públicamente que las empresas de salud “le habían declarado la guerra a la clase media”, el Gobierno Nacional se muestra reticente a recibir a las cámaras que nuclean a las distintas prepagas del país, ante las discusiones por los considerables aumentos de los últimos cuatro meses, a partir de la desregulación de precios que se habilitó con el DNU 70/2023.
Hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó en su habitual conferencia de prensa que “se van a tomar cartas en el asunto” y aseguró que “las cuotas no se van a seguir carterizando”. En ese sentido, desde el Gobierno Nacional investigan la existencia de un pacto ilícito entre las empresas para fijar precios de venta y de confirmarse la hipótesis, prometen que avanzarán por la vía judicial “hasta las últimas consecuencias”.
Según la agencia Noticias Argentinas, Caputo no sólo no recibirá a los referentes de las cámaras de empresas de salud sino que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estudia por estas horas presentarse en la Justicia por supuestas “prácticas abusivas”, accionar que definirá en los próximos días.
Asimismo se está trabajando desde en un informe pormenorizado de los aumentos para presentar ante la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), con el objetivo de determinar si hay -o no- cartelización.
Desde la puesta en vigencia del DNU 70/2023 se suscitaron aumentos todos los meses en las distintas ofertas de medicinas prepagas: el 40% en enero, el 2% en febrero, el 20% en marzo, y una nueva suba prevista para abril de entre el 14% y el 18%. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud consideraron que se tratan de "prácticas abusivas” dado que estos porcentajes duplican la inflación.
A pesar de que no está definida la posibilidad de ir a la Justicia y dado que se rechaza la opción de intervenir los precios, se estima que podrían haber grandes sanciones económicas para las empresas que justifican la actualización en el congelamiento de las tarifas dispuesto en el gobierno anterior.