El pasado 21 del presente mes se concretó la audiencia de incidentes en una causa que investiga el delito de estafas con tarjetas de crédito que tiene como imputado a Tomás Alejandro Sosa.
Presidió la audiencia Daniela Arcuri, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general y por Facundo Oribones, procurador de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado (por videoconferencia desde la Comisaría 44° de Neuquén) fue ejercida por Juan Bill, adjunto de la Defensa Pública.
En un primer momento el fiscal solicitó se declare compleja la presente causa en base a los 6 hechos atribuidos al imputado en el marco de esta modalidad, haber obtenido los datos de diferentes tarjetas de débito mediante la utilización de una maniobra, con los cuales luego accedía a diferentes cajeros automáticos de Red Link, a través de una tercera persona que le suministraba las claves de acceso, transfiriendo dinero a diferentes cuentas bancarias. Así se llevaron adelante diversos allanamientos en Rosario y en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde se incautaron diversos dispositivos electrónicos. Se estima que las maniobras han sido cometidas en todo el país y que estamos ante una banda organizada, continuó el fiscal. En atención a la complejidad del caso, pluralidad de víctimas y el carácter de delincuencia organizada que presenta el caso se declare compleja la presente causa. Requiriendo el plazo de un año para concluir con la investigación.
El defensor en base a los nuevos elementos, no tiene argumentos para objetar el pedido del Ministerio Público Fiscal.
Seguidamente la jueza autorizó la declaración de la presente causa como asunto complejo, autorizando el vencimiento hasta el 1° de marzo de 2025.
El fiscal a continuación se mantenga la prisión preventiva que cumple el imputado, ya que se mantienen vigentes los peligros procesales y la complejidad del caso. Existe probabilidad de autoría y que la calificación mute a una más grave, esto abona el peligro de fuga. Por las características del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento. Solicitando se mantenga su prisión preventiva por seis meses.
En cuanto al segundo planteo de revisión de la preventiva, el defensor estimó que “resulta abstracto el planteo”. La medida ya había sido tratada y fue prorrogada, así que no planteó oposición, propiciando que la misma sea por menos tiempo, por tres meses.
Finalmente, la jueza resolvió mantener la prisión preventiva que cumple el imputado, como lo solicitara el fiscal, ya que persisten y se han incrementado los riesgos procesales, peligro de fuga, por la expectativa de pena y la característica de los hechos, además del daño cuantificable muy extenso. También por el peligro de entorpecimiento. Prorrogando la medida de coerción que cumple el imputado Sosa hasta la fecha de finalización de la investigación, el 1° de marzo de 2025.
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