El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, puso en valor este viernes el rápido accionar del Poder Judicial de la provincia tras el ataque sufrido la semana pasada por diputados, familiares y colaboradores en inmediaciones a la Legislatura. “De ahora en más, los patoteros, violentos e incendiarios deberán pagar las consecuencias”, expresó.

El mandatario celebró de esta manera la resolución que prohíbe a los agresores cualquier tipo de acercamiento o contacto con los legisladores damnificados, por un plazo de tres meses. En ese sentido, el titular del Ejecutivo provincial garantizó que “en Chubut ya no vamos a permitir que se utilice la violencia como método de intimidación y extorsión”.

Luego de la ampliación de la denuncia penal realizada por el vicegobernador Gustavo Menna ante el Ministerio Público Fiscal, Torres señaló que “pondremos todo lo que está a nuestro alcance para desterrar, de una vez por todas, las actitudes cobardes y patoteras que tan frecuentes fueron durante mucho tiempo”.

“No vamos a permitir la violencia y el apriete”

En coincidencia con el mandatario, el vicegobernador Gustavo Menna aseguró que “no vamos a permitir la violencia y el apriete de ningún intolerante que quiera imponer sus ideas por la fuerza”, y aclaró del mismo modo que “vamos a denunciar cada hecho violento o de amenazas que ocurra, en persona o en las redes”.

Asimismo, Menna destacó “la respuesta del Ministerio Público y de la Justicia para poner las cosas en su lugar; y expresar, una vez más, mi solidaridad con Andrea Aguilera, Luis Juncos y sus familias”.

Hechos, denuncia y prohibición

Las agresiones ocurrieron el jueves de la semana pasada en un local comercial cercano a la Legislatura de la Provincia, donde un grupo de personas atacó, insultó y amenazó a los legisladores Andrea Aguilera y Luis Juncos, así como a familiares, colaboradores y una joven menor de edad.

Se trata de un grupo de manifestantes que previamente habían presenciado y turbado la sesión legislativa de ese día, así como la sesión especial del 26 de julio del corriente año, de la que fueron desalojados por orden del presidente del órgano.

Tras la denuncia efectuada oportunamente por la legisladora y el vicegobernador Gustavo Menna; la Justicia dictó la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio (telefónico, mensajes, redes sociales) por el plazo de 90 días de seis manifestantes.

De acuerdo a la resolución de la jueza penal María Laura Martini, las medidas de protección serán “extendidas a un radio de 500 metros de la Legislatura Provincial, a los domicilios (de los damnificados) y al Colegio” al que asiste la joven agredida, “así como a cualquier otro lugar donde los ofendidos se encuentren o frecuenten”.