A lo largo de todo el presente martes se concretó una nueva jornada de debate en la causa conocida como Emergencia Climática I en Comodoro, comenzando así con la tercera semana de juicio oral y público. Entre los testimonios de la fecha estuvieron una persona que trabajó en las cuadrillas y por la noche de camionero, y luego el de los dueños de un comercio de herramientas industriales sobre un Contrato, que no se ejecutó.
El primer testigo por videoconferencia desde Sarmiento dijo conocer a los hermanos Pérez y a Sartori. Recordó que al momento de la emergencia ayudaba en las cuadrillas y luego manejaba camiones. “A la mañana y tarde en las cuadrillas y a la noche como chofer de camiones”, manejaba un camión Ford, color blanco, con caja de 8 toneladas, color azul. Recordó que lo hacían formar unos Partes, en la base en el barrio Industrial o en la calle. “Sacaban barro y lo tiraban en el Stella Maris o en el Gimnasio N° 2 en la Kennedy”, agregó el testigo. También que el que le pagó el trabajo en efectivo fue Gonzalo Pérez.
El tribunal de debate fue presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Olazabal, fiscal general; acompañado por Fabiola López, funcionaria de fiscalía y María José Mellado, abogada contratada de fiscalía. La defensa de Boyero, fue ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defendió a los hermanos Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo y Astiz fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular de los mismos.
“Emergencia Climática I” en Comodoro
La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.
Entre los imputados se encuentran: Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque (estos dos últimos funcionarios públicos al momento de los hechos); Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.