El pasado 23 de mayo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, integrada por los jueces Camila Banfi y Alejandro Panizzi, hizo pública la sentencia interlocutoria en relación a una causa por “hurto en grado de tentativa”. Los jueces admitieron la queja del fiscal Julio Puentes y revocaron la resolución de la jueza Lilian Borquez que “dispuso otorgar el instituto de la reparación en beneficio del imputado Carlos Emanuel Martínez”.

Los jueces en su sentencia expresaron que "el artículo 48 del Código Procesal Penal establece que la reparación podrá ser aceptada por el juez cuando mediare consentimiento del fiscal, el que será vinculante. Que en el caso la jueza rehusó la oposición del acusador, que se fundó en el ‘interés público’ que hay para aquellas personas con habitualidad delictiva, y concedió el instituto. Esta decisión se confronta con la normativa ritual, más allá de invalidar las atribuciones propias y exclusivas del Ministerio Público Fiscal en la administración de la acción penal y de las reglas de la disponibilidad, y se deberá así, admitir la queja y revocar la resolución impugnada”.

Asimismo, los jueces de la Sala Penal expresaron que “volvemos a insistir en los numerosos precedentes de esta Sala que resolvieron la cuestión. De modo que, resulta dispendioso que se someta similar planteo a consideración, cuando el asunto ya fue decidido y se conoce el criterio jurisprudencial”.

Por todo lo cual “corresponde admitir la queja interpuesta, declarar procedente la impugnación extraordinaria de los autos principales, revocar la resolución” de la jueza Borquez “y reenviar a la instancia de origen para la continuación del trámite”. Por último, reiteraron “la advertencia a la que se refieren los considerandos”.