El pasado 8 de julio, el tribunal colegiado, integrado por los jueces penales, Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, en una extensa audiencia dio a conocer el fallo, en el marco del debate oral y público por la causa conocida como "Emergencia Climática I" en Comodoro Rivadavia, donde sobreseyeron a los imputados Gonzalo Pérez y Julián Astiz, declarando parcialmente nula la acusación en su contra y declarando a los exfuncionarios municipales, Rubén Palomeque y Abel Boyero, penalmente responsables de los delitos de estafa en perjuicio de la Administración Pública.

Asimismo, declararon responsables de fraude a Roberto Monasterolo, Javier Morales, Cristian Pérez y Cristian Lobos Rozas, en cuanto a los inspectores Municipales Joaquín Mansilla, Juan Lara, Eduardo Van Heerden y Rubén Sartori responsables como partícipes. Absolviendo por su parte a Ernesto Herk ya que la prueba en su contra es insuficiente.

Ante ello, este lunes se realizará la audiencia de cesura o imposición de pena donde el fiscal general, Cristian Olazábal, junto a su equipo integrado por los funcionarios de fiscalía, Fabiola López y Cristian Ovalle, darán a conocer la pena solicitada para cada uno de los condenados y los motivos por los cuales determinan esta solicitud con el ofrecimiento de prueba, además.

En tanto, los defensores de los ya declarados penalmente responsables, darán cuenta de los atenuantes para las penas que pueda llegar a peticionar el Ministerio Público Fiscal, haciendo uso de la posibilidad también de ofrecer prueba.

Luego de culminada la jornada, el tribunal de debate pasará a deliberar dictando una fecha para dar a conocer su resolución.

La causa

La investigación se origina como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua, que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque.