Fue a principios del siglo XX, en el año 1904 cuando se sancionó la Ley 4.349 que establecía un beneficio previsional, creando las bases de las políticas sociales actuales al proteger a empleados públicos retirados por edad avanzada.

Con esta ley, el Estado nacional comienza a otorgar seguros a la vejez a los estatales, los maestros, los empleados del Banco Nación, del Banco Hipotecario, personal judicial y de los Ferrocarriles Nacionales. Entonces, las cajas jubilatorias se acordaban entre el Estado y los sindicatos – en algunos casos con empresas privadas-, y las cotizaciones se hacían bajo la base de aportes tripartitos. Eran estas cajas las que fijaban el monto de los aportes, como la edad jubilatoria.

Los jubilados han trabajado varias décadas, construyendo las bases de lo que hoy están recibiendo, aunque muchos de ellos sienten que su esfuerzo no se reconoce, cuando el sistema le da la espalda.

El camino de los adultos mayores y jubilados ha estado marcado por una lucha constante, una batalla silenciosa que muchas veces queda opacada por el ruido de las demandas inmediatas de la sociedad.

Lo importante es acompañar todos (activos y pasivos) para preservar las bases para las generaciones futuras.