Se demostró mediante testimonios y documentos la existencia de trabajos inexistentes o sobrefacturados.

La próxima etapa del juicio discutirá las penas, que podrían alcanzar hasta seis años de prisión. El juez Mariano Nicosia ordenó investigar la responsabilidad penal de otras personas y mencionó posibles incorporaciones al proceso, incluidos exfuncionarios municipales.

Este lunes el tribunal colegiado de debate integrado por los jueces Mariano Nicosia, Martín Cosmaro y Carlos Tedesco dio a conocer la parte dispositiva del fallo en el marco del debate oral y público por la causa conocida como “Emergencia Climática I” en Comodoro.

Fueron sobreseídos los imputados Gonzalo Pérez y Julián Astiz declarando parcialmente nula la acusación en su contra; declarando a Palomeque y Boyero penalmente responsables del delito de estafa en perjuicio de la Administración Pública.

Asimismo, declararon responsables de fraude a Monasterolo, Morales, Cristian Pérez y Lobos Rozas, en cuanto a los inspectores Municipales Mansilla, Lara, Van Heerden y Sartori responsables como partícipes. Absolviendo por su parte a Herk ya que la prueba en su contra es insuficiente. El próximo 29 de julio se realizará la audiencia de cesura o imposición de pena.

El tribunal de debate estuvo presidido por Mariano Nicosia e integrado por Martín Cosmaro y Carlos Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal es representado por Cristian Olazabal, fiscal general; acompañado por Fabiola López y Cristian Ovalle, funcionarios de fiscalía.

La defensa de Boyero, es ejercida por Guillermo Iglesias; la de Mansilla, Sartori, Van Heerden, Herk y Lara la ejerció María de los Ángeles Garro, y la de Palomeque por María Cristina Sadino, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas y Morales por Juan Bill, e Ivo Di Taranto defiende a los hermanos Pérez, abogados de la defensa pública; en tanto que la defensa de Monasterolo y Astiz fue ejercida por Fabián Gabalachis, abogado particular de los mismos.

El fiscal en su alegato solicitó al tribunal que declare penalmente responsables de “fraude a la Administración Pública” como autores a Gonzalo y Cristian Pérez, Roberto Monasterolo, Javier Morales, Julián Astiz y Cristian Hernán Lobos Rozas. “Para poder cometer esta conducta fraudulenta en perjuicio del municipio local contaron con la participación necesaria, con el aporte esencial e indispensables de quienes cumplieron la tarea de supervisores, en el marco de la Emergencia Climática, ya que certificaron trabajos que no se realizaron, horas de más, maquinarias que nunca existieron, al certificar esto permitieron que los empresarios obtengan la declaración de acreencia de legítimo usuario por parte del Ejecutivo municipal, el cual no era ajeno a estas conductas”.

Luego que el Consejo Deliberante aprobara la Ordenanza Emergencia climática facultando al intendente a hacer contrataciones directas para hacer trabajos de remediación, el Ejecutivo Municipal delega en sus secretarios de entonces Boyero y Palomeque. A los 10 días comienzan los trabajos y se dicta un Memorándum para controlar los trabajos. El 5 de octubre el Consejo por Ordenanza incorpora los requisitos del Memorándum para facturar trabajos. Llamativamente el Ejecutivo de entonces la vetó. Los trabajos en un principio eran solidarios y posteriormente surgió que se iban a abonar.

“Había un fin colectivo con beneficio propio” continuó el fiscal. Seguidamente el Estado Nacional que había realizado adelantos del Tesoro por 62 millones, advirtió inconsistencias. Álvarez de Celis, en ese momento funcionario Nacional, advierte que no adelanten más fondos para Comodoro porque los números no cerraban.

A su vez el Tribunal de Cuentas Municipal advirtió y observó irregularidades que presentaban los expedientes. Había personas que certificaban trabajos por 24 hs. y eso es imposible. Alguien falsificó firma de los trabajadores en los partes diarios, por ejemplo, una persona jubilada que dejó de percibir su salario porque figuraba que trabajaba en Brother Truck.

Emergencia Climática I en Comodoro

La investigación se inició a raíz del temporal que golpeó a Comodoro Rivadavia del 29 de marzo al 9 de abril de 2017. Las lluvias de casi 400 mm provocaron severos daños en la ciudad, inundando calles y viviendas.

A raíz de esto, el 5 de abril de 2017, el Consejo Deliberante de la localidad declaró la emergencia económica, social y administrativa, lo que le permitió al gobierno local contratar empresas de manera directa para la remoción del lodo dejado por la tormenta.