Tras una denuncia por presunta estafa en el acceso a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la División Policial de Investigaciones (DPI), liderada por el comisario Pablo Lobos, llevó a cabo una serie de allanamientos. La acusación, presentada por el concejal Omar Lattanzio de Comodoro Rivadavia, señalaba a una cooperativa que solicitaba depósitos de $100.000 a cambio de facilitar el acceso a viviendas del IPV, prometiendo adjudicaciones que nunca se concretaban.

La investigación se inició luego de que Lattanzio recibiera quejas de vecinos preocupados por la presunta estafa. Tras diversas diligencias, se identificaron a los presuntos responsables de la estafa y se obtuvo evidencia que respaldaba las acusaciones. Con la autorización del juez penal Alejandro Soñis, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en los barrios Roca, Pueyrredón y Standard Norte, con resultados positivos, incluyendo el secuestro de documentación y teléfonos celulares relacionados con la maniobra fraudulenta.

Por el momento, no se han realizado detenciones ni imputaciones formales, ya que la investigación continúa en curso. Una vez recopilado todo el material probatorio, el Ministerio Público Fiscal procederá en consecuencia.

Esta no es la primera vez que se enfrenta un caso de estafa relacionada con el acceso a viviendas del IPV en la región. En 2019, Maximiliano González, funcionario de la Delegación Zona Sur del IPV, fue detenido junto con otros miembros de un grupo dedicado a la comercialización ilegal de viviendas del IPV, afectando a 227 personas y cerrando 600 transacciones hasta 2020.

Otro caso relevante tuvo lugar años atrás, cuando una denuncia permitió desmantelar una organización que asignaba viviendas a personas que no cumplían con los requisitos legales. Abel Reyna, ex titular del IPV, fue condenado por liderar este esquema fraudulento, que incluso involucraba solicitar favores sexuales a cambio de la adjudicación de viviendas. Aunque inicialmente fue sentenciado a tres años de prisión efectiva, su condena terminó siendo condicional tras una impugnación.

Estos casos resaltan la importancia de una investigación rigurosa y el enjuiciamiento de aquellos que buscan aprovecharse de la necesidad de vivienda de las personas mediante prácticas fraudulentas.